Sesión Permanente, no podría decirse que esta sea una obra perfecta fue una pieza escénica creada por Teatro Ojo, Enrique Sínger y Luis Mario Moncada, en colaboración con los alumnos de la generación 2014-17 del Centro Universitario de Teatro. El objetivo primordial fue ejercitar las herramientas creativas de los alumnos para conmemorar escénicamente los cien años de la Constitución mexicana. La acción escénica tuvo como columna vertebral una selección de 12 discursos que daban cuenta de los principales pronunciamientos sobre la identidad nacional reflejada en sus leyes a lo largo de 200 años, aderezados por un Coro constituyente que cantaba los 136 artículos de la Carta Magna. Por su cercanía y relevancia como pieza oratoria, editamos aquí el discurso pronunciado por Porfirio Muñoz Ledo en ocasión de las reformas de 1991.
Discurso de Porfirio Muñoz Ledo con motivo de la Reforma a las relaciones Iglesia-Estado contenida en los artículos 3º, 24, 27 y 130
21 de diciembre de 1991
Senadores,
Este es uno de los momentos más relevantes de la tarea legislativa en los últimos decenios.
Si bien la reforma al Artículo 27, que ha abierto la puerta a la privatización de la tierra, tiene una enorme gravedad, las disposiciones sobre las cuales hoy nos vamos a pronunciar, afectan la historia y lo más profundo de la vida de la nación.
Hay reconocimiento de derechos durante muchos años denegados. Hay, también, voluntad de regularizar, dentro del marco jurídico, situaciones de hecho que no habían encontrado un cauce legal...
Hay, en suma, un conjunto de disposiciones que obedecen a diversas motivaciones. Las unas, de carácter democrático y aún progresivo. Las otras, que tienden a reafirmar relaciones autoritarias en el país.
Unas, que ensanchan el campo de los derechos ciudadanos y otras, que vulneran y afectan la unidad de la educación nacional.
Es, por la naturaleza de este paquete de reformas, que algún cartonista nos llamara esta mañana "el paseo de las reformas", porque omitimos una consideración más detenida y un debate público más puntual.
Nosotros hubiésemos preferido, por el carácter fundamental de estas normas, que se hubiese sometido a referéndum o plebiscito. Solicitamos, del modo más formal, que cuando menos hubiese un periodo extraordinario de sesiones para discutir este paquete de reformas.
Nos hubiera dado tiempo para la consulta.
Hoy, último día de sesiones del Senado, que se ha caracterizado en este periodo por el atropello legislativo, estamos llamados a resolver sobre numerosas fracciones de artículos fundamentales de la Constitución Política del país.
Por lo que a nosotros respecta, presentamos en la anterior legislatura un Proyecto de Reforma orientado por la necesidad de que el país viva plenamente un sistema de reglas escritas; que haya correspondencia entre la norma y la realidad. Se nos contestó, en famosa ceremonia pública que pasó a la historia, que nuestro país era un país de reglas no escritas; que lo consuetudinario se imponía sobre lo legal. Claro, esa es la base misma del pacto de simulación.
Ajustar la realidad a la norma o la norma a la realidad. He ahí una pregunta fundamental para los legisladores. Qué normas hay que ajustar a la realidad y qué realidades hay que ajustar a las normas. Esto tampoco se ha contemplado con suficiente prudencia.
Nuestro partido ha considerado, en consecuencia, que era menester una cuidadosa reforma que cancelara una antigua contienda histórica; que mantuviese lo mejor de nuestras tradiciones y que preparara al país para ser en el futuro una sociedad más abierta.
Nuestra historia -no es menester recordarlo- está cruzada desde los orígenes más remotos por la cuestión religiosa. Por el carácter de la monarquía española en la época de los Austrias, se unía como en pocas potestades europeas, el poder civil y el religioso; la educación y el dogma; la dominación y el evangelio. Eso hizo que todas las instituciones nacionales que se gestaron en la época de la colonia tuvieran esa confusión en las dimensiones de lo religioso y de lo público, y que los encargados del poder civil ejercieran actos de la actividad religiosa.
El hecho singular sobre el cual solemos poco reflexionar de que este es el único pueblo cuya independencia fue originada por dos sacerdotes. De ahí la importancia de la hazaña de los liberales; la Guerra de Tres Años y la intervención francesa son consecuencia directa e indirecta de un hecho: el no reconocimiento de la Iglesia, en aquél tiempo en singular, al principio de libertad de creencias.
Las primeras constituciones mexicanas, la del 14 y la del 24 privilegiaban la religión católica y prohibían expresamente cualquier otra. La libertad de creencias y la separación entre la Iglesia y el Estado ensangrentó al país durante un periodo muy largo de su historia. Las disposiciones vigentes de la Constitución de 1917 son, en parte, consecuencia de aquellas luchas, pero en parte también son resultado del trauma de la lucha revolucionaria, de la parcialidad de las jerarquías en la contrarrevolución, y del rechazo de los principales dirigentes revolucionarios hacia la injerencia de la Iglesia en los asuntos políticos del país.
El tiempo ha ido colocando a cada quien en su lugar. Ciertamente el Estado nacional se ha fortalecido; ciertamente un instrumento para la solución de una de sus grandes controversias históricas ha sido la simulación. El modus vivendi establecido en 1929 tenía que dar lugar a una relación jurídica formal. En 1929 la potestad religiosa y la potestad civil llegaron a dos conclusiones simultaneas:
Primero, no podía ni debía reformase en aquel entonces la Constitución. Hubiese sido una derrota del Estado nacional.
Dos, no podía aplicarse; hubiese continuado ensangrentado al país.
Por lo tanto, llegaron a la sencilla conclusión de que había que mantener al Constitución; pero no cumplirla:
“Obedézcase, pero no se cumpla”.
El famoso régimen de tolerancia significó prácticamente en todos los artículos referentes al tema de las iglesias y el Estado, su no cumplimiento.
Ahora bien: ¿En qué hay un amplio consenso entre los mexicanos? No digo que haya unanimidad, pero sí una mayoría clara, un consenso amplio, en favor de ciertos puntos.
Primero.- Aunque parezca obvio, en el mantenimiento riguroso del principio de la libertad de creencia; fundamental en el Estado nacional mexicano.
Por lo tanto, el mantener intacta la separación de la Iglesia y el Estado, y el carácter laico del Estado.
Creo que hay un amplio consenso, en mantener la unidad de la educación básica, y del ciclo formativo de los maestros de la educación básica, secundaria y normal.
Hay un amplio consenso, en que debe respetarse la integridad de las organizaciones religiosas; su funcionamiento y su jerarquía interna.
Hay, también, un consenso muy amplio, de que estas organizaciones requieren de tener una personalidad jurídica para actuar, ser personas de derecho, personas morales, tener personalidad jurídica propia.
Hay, también, un consenso muy amplio, en el sentido, de que los ministros de los cultos, deben gozar de amplios derechos políticos. Y deben participar como individuos, como individuos en los asuntos políticos de la nación.
hay consenso, también, en que las iglesias, como organizaciones no deben intervenir en la política, y como se dijo en el último informe: Tampoco deben volver a acumular bienes terrenales.
Ello, aparentemente, contiene una contradicción. No lo es, si se establece la diferenciación entre individuos y organizaciones.
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| Ariana Candela interpretando a P.M.L |
La República debe oponerse a que las iglesias, como organizaciones, participen en la vida de la nación; pero debe defender que los ciudadanos ministros de los cultos, desde el más modesto hasta el más encumbrado, ejerzan su derecho humano, al ejercicio del voto y a ser votado; es un derecho humano.
Nosotros consideramos, que el conjunto de las reformas es un paso hacia la transparencia y el mejoramiento de las relaciones políticas en el país, que abre la puerta para una regulación más amplia y más democrática. Estamos decididamente en contra de algunos puntos, particularmente del Artículo 3o., que vamos a reservar, si lo permite el señor Presidente, y tenemos seria dudas y reticencias en algunos puntos del Artículo 130.
Pero no vamos, por falta de análisis respecto de lo que aquí se diga, a dar pábulo a que se nos presente de nuevo, dolosamente, como enemigos de ninguna creencia o de ninguna iglesia.
Nosotros vamos a oponernos abiertamente en aquello que creemos que se afecta la unidad fundamental de la República.
Objetaremos la autoridad vertical y el discrecionalismo que puede derivarse de esa expresión "registro de las asociaciones religiosas".
Reflexionaremos en alta voz con ustedes sobre la cuestión de los templos; ahí hay una laguna grave e intencionada de la ley: Se deja el transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de ’17 en el sentido de que los templos que ya existían son del dominio de la nación, y sin embargo se quita el renglón donde dice: "Que los templos que se erijan en el futuro serán también propiedad de la nación".
Se me ha respondido por informados Senadores en esta sala que eso se deja para la Ley Secundaria. Yo creo que es un asunto de una enorme importancia para dejarlo a la ley secundaria. Creo que merecería que lo esclareciéramos desde ahora.
Hasta donde nuestras consultas habían llegado, nadie prácticamente se había pronunciado porque los templos dejaran de ser propiedad de la nación y nadie concibe con facilidad cómo los templos pueden tener dos regímenes jurídicos distintos o cómo se va a devolver, ¿todos los templos van a dejar de ser patrimonio nacional? Este es un problema que debiera haberse dilucidado desde ahora.
Yo tengo la absoluta certidumbre de que no todos piensan igual sobre esta reforma. Tengo, eso sí, la certeza de que algunos se han convencido de algunas cuestiones en el curso de los debates -para eso sirven los debates públicos, aunque sean breves-. Tengo también la inquebrantable convicción de que hay muchos Senadores, o algunos Senadores, en esta Sala que difieren en lo profundo de su conciencia con algunas de estas modificaciones; quizá no con el todo en su conjunto, como nosotros no diferimos con el sentido general de la reforma.
Yo haría un llamado a la conciencia de esos Senadores y a los dirigentes de su Partido, para que, tratándose de un asunto de tanta importancia nacional, cada quien, en cada artículo, pudiese pronunciarse con absoluta libertad.
Ojalá y al término de este debate y a la clausura de nuestros trabajos, nos podamos ir con esa gran satisfacción: Saber que cada uno votó en conciencia y en libertad.
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