De expropiaciones o reversión de concesiones

Hablando de expropiaciones, o mejor reversión de concesiones (un tema que se ha debatido en torno a las vías férreas del país), no estaría mal revisar el caso del Instituto Cultural Helénico AC, beneficiario indebido de una concesión o donación a 99 años por la cual recibe, además, una “apoyo” anual del gobierno. Aquí va el hilo con esta singular historia:

En 1974 se crea el Instituto Cultural Helénico AC, en cuya acta constitutiva firma, como “presidente honorario”, el entonces secretario de Hacienda José López Portillo y, como vocal, el Arq. Pedro Ramírez Vázquez. Cinco años después, el ya presidente López Portillo faculta a su secretario de Obras Públicas, Pedro Ramírez Vázquez, para entregarle en donación temporal a la AC, el inmueble de 5,800m2  ubicado en Av. Revolución 1500, que hoy conocemos como Instituto Cultural Helénico, para realizar en él actividades culturales sin fines de lucro. El nombre de Ramírez Vázquez aparece, pues, duplicado en el instrumento jurídico, una como representante del donador y otra como miembro de la asociación donataria. Este hecho sería suficiente para anular el acto de cesión, sin embargo, la historia de anomalías apenas comienza. 

Aunque la cesión se materializa en junio de 1979, a fines de ese mismo año se inaugura en el mismo predio el teatro Helénico, cuyo diseño y construcción estuvo a cargo, ¿de quién creen?, del propio Ramírez Vázquez y de la Secretaría bajo su mando; es decir que el teatro fue construido con recursos públicos a sabiendas de que estaba por consumarse su entrega a particulares, de hecho el teatro se concluye cuando el predio ya ha sido entregado. Ésta es apenas la segunda anomalía. 

Hay que decir, por otro lado, que el inmueble incluye una invaluable colección artística de la que durante años no se tuvo inventario, hasta que en los noventa se instó al director en turno a levantarlo, aunque para entonces ya era imposible determinar si la colección permanecía íntegra. Lo curioso es que, a pesar de que ha habido indicios y hasta acusaciones de sustracción, ni la AC ni el gobierno han intervenido para aclarar el estado de un patrimonio que, pese a la concesión, sigue siendo de la nación. Entre las cientos de obras y piezas que resguarda el inmueble, incluyendo su peculiar Capilla gótica, se incluyen creaciones atribuidas a Tiziano, Tintoretto, Van Dyck y Murillo, nomás para darnos una idea de lo que se está hablando. 

Volviendo a los primeros años, su director fundador, el obispo ortodoxo Pablo de Ballester, impulsa un interesante programa de divulgación de la cultura griega a través de obras teatrales, conferencias y otras actividades; sin embargo, el archimandrita es asesinado en 1984 (en circunstancias nunca resueltas), y a partir de entonces el Instituto Helénico naufraga entre la parálisis y la indefinición. Como hecho curioso y trágico a la vez, en la segunda parte de los ochenta, el Instituto cede la administración del teatro al productor Fernando de Prado quien, agobiado por deudas y depresiones, se pega un tiro en lo que hoy son las oficinas del Helénico, arriba del foro La Gruta. 

Ante el riesgo de perder la concesión (una de las cláusulas del decreto advierte de la reversión en caso de que durante dos años la AC incumpla con la misión cultural comprometida), en 1990 firma un convenio de colaboración con Conaculta para que ésta ocupe sus espacios teatrales, fundando así el Centro Cultural Helénico –junto, pero no revuelto con el Instituto–. A cambio de ello, la AC recibe un “apoyo" anual que no es sino un eufemismo de “renta”, pues en los hechos ese apoyo no está complementado con informes de actividades y desglose de gastos, como hace cualquier proyecto cultural apoyado por el Estado. Esta es otra irregularidad por la que la AC no ha sido sancionada en más de 30 años. Si bien el Instituto abre una escuela de estudios profesionales, en los hechos se desentiende de la actividad cultural sustantiva a la que están destinadas sus instalaciones y fundamenta como propia de su encargo la actividad desempeñada por el Centro Cultural Helénico. Es decir que Conaculta suple en sus obligaciones a la AC, y además le paga por la ocupación de las instalaciones, cuando el decreto presidencial prohibe expresamente subarrendar el inmueble (y vaya que nadie podía imaginar que el inquilino sería el mismísimo dueño). 

Por si faltara otra irregularidad, el decreto de donación temporal establece en su artículo 4o que el inmueble volverá a manos del Estado si la Asociación cambia el giro de su actividad, justo lo que sucede a partir de 2004 cuando, según documentos recabados por el Indaabin, la AC  firma un contrato de comodato  con una sociedad anónima llamada Grecórgano S.A. de C.V, que casualmente ha sido dada de alta con la misma dirección fiscal del Instituto. A través de esta SA se realizan operaciones de renta para eventos privados, lo que confirmaría el cambio de giro a "actividades lucrativas". El asunto destapa otras anomalías, como son los pagos realizados por la AC y la SA a miembros del consejo directivo del Instituto, cuando el acta constitutiva del Instituto lo prohibe explícitamente. 

Siendo director del Centro Cultural Helénico entre 2001 y 2008, elaboré diversos informes que envié a los dos presidentes de Conaculta con quienes trabajé, para que actuaran de acuerdo a su responsabilidad institucional. Como resultado, en 2007 inició un “procedimiento administrativo de reversión” (DGPIF/SAS/2007 Expediente 79805) de cuya evolución y resoluciones quedé al margen porque a los pocos meses presenté mi renuncia al cargo (no me identificaba con ese gobierno, para mí espurio). Lo curioso fue que, mientras yo me negué a aumentar el pago de la renta que el Instituto insistía en renegociar, al poco de mi renuncia el “apoyo” para el Instituto se duplicó y el procedimiento administrativo se diluyó en quién sabe qué acuerdos.

No he dado más seguimiento a las anomalías, pero me entero por ahí que el trato sigue siendo el de un casero leonino que además de recibir una renta que ronda los 10 millones anuales, intenta que la Secretaría de Cultura pague un sinfín de servicios. ¿Y para qué se usa ese recurso? ¿Está justificado en sus actividades culturales? ¿Lo que se subvenciona es una escuela privada que, por supuesto, cobra las colegiaturas? ¿No sería de interés público que el Estado recuperase el inmueble que le pertenece y por el cual eroga recursos no justificados? Podría ser, siguiendo la lógica del decreto de suspensión parcial que el presidente acaba de emitir sobre Ferrosur, que se revirtiera parcialmente el decreto para recuperar al menos los dos teatros (Helénico y Gruta, además de oficinas y bodegas) que, en los hechos, el Instituto ha renunciado a programar. ¿Por qué la AC tendría que recibir recursos por una actividad que no realiza? Si su actividad se concentra en la escuela, que tengan una escuela y que devuelvan los teatros. ¿Por qué negocian con ellos como si fueran propiedad privada? Estamos ante un acto inmoral, muy probablemente ilegal y que sólo beneficia intereses particulares. Y a pesar de todo, este hecho se puede revertir si el presidente así lo decreta. 

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